PERÍODO
1983/1989
En 1983, al
asumir el gobierno constitucional del Dr. Raúl Alfonsín, la deuda externa se estimaba
en 45.100 millones, representaba el 67% del PBI y sus intereses alcanzaban al
8% del PBI y 69% de las exportaciones. Además los atrasos sumaban 3.200
millones de dólares, mientras que las reservas internacionales de libre
disponibilidad eran inferiores a los 500 millones de dólares. Por último, el
impacto de los intereses de la deuda pública externa en el gasto público era
equivalente a 5,5% del PBI.
Durante los años
siguientes se desarrolló una larga serie de negociaciones con los acreedores
externos, las que atravesaron diversas etapas; en una primera (Plan Baker), se consideraba
que el problema de la deuda era de "liquidez" más que de "solvencia"
de los deudores, por lo que se consiguieron refinanciaciones o nuevos préstamos
(a veces simples asientos contables) que el país utilizaba para honrar parte de
los intereses.
En 1983 se
refinanciaron los atrasos de intereses mediante la firma del Term Credit Agreement
(TCA); en 1984 se emitió un Guarantee Refinancing Agreement (GRA), a 15 años de
plazo; esta emisión complementó con programas de facilidades comerciales
denominado Trade Credit and Deposit Facility (TCDF), capitalización de deuda
contra moneda local y préstamos "on lending". En 1985 se conocerá el
llamado “Plan Baker” que proponía un “ajuste con crecimiento”, pero basado en
nuevos aportes que debían hacer los bancos comerciales acreedores, en el marco
de un severo ajuste estructural en las economías de los países deudores. Estos
nuevos aportes no se efectuaron y, por el contrario, los bancos prefirieron "previsionar"
un porcentaje de los créditos otorgados, lo que permitió fortalecer su posición
negociadora. En 1987 se firmó un nuevo Plan Financiero se refinanció el GRA de
1985 y la deuda vencida de 1986 y 1987, a 19 años de plazo. Los TCA de 1983 y
1985 se refinanciaron a 15 años.
La deuda pública
externa de Argentina (no incluye la llamada deuda interna y deuda pendiente de
consolidación) que hacia 1983 ascendía a U$S 45.000 millones se había aumentado
hasta aproximadamente U$S 58.300 millones hacia fines de 1987.
Así se llegó a
una cuarta etapa, a partir de Abril de 1988, donde Argentina suspende el pago de
los servicios de la deuda pública (excepto los servicios de la deuda con el
FMI, BM y BID). En términos institucionales, la Argentina comienza a “hacer uso
de la mora en el servicio de los intereses como medio forzoso de
financiamiento”.
A diferencia de
lo que sucedería en la crisis del 2001, esta moratoria (de 1988) no fue declarada
en forma abierta, sino que se convirtió en una moratoria de hecho. Más aún, en
las declaraciones públicas el Gobierno Radical trató en todo momento, de
aclarar que la falta de pago se debía a la escasez de recursos y no a una
decisión política.
[Jorge Amado - El Sistema de Crédito Público]
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